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La reforma
educativa de 2012-2013 en México es una reforma constitucional presentada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dentro del marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México. Fue aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de diciembre de 2012 y por el Senado de la República el 21 de diciembre del mismo año. En febrero de 2013, la reforma fue declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal, promulgada por el Ejecutivo el 25 de febrero de 2013 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación. El 10 de septiembre de 2013, Peña Nieto promulgó la reforma a la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente; los tres decretos fueron publicados en el Diario Oficial al día siguiente.Se añade al artículo 3 constitucional la fracción IX para crear el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, coordinado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y se le da a este último el carácter de organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios. La labor del instituto será evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar,primaria, secundaria y media superior; para ello deberá: El artículo tercero constitucional establece que todo individuo tiene derecho de recibir educación preescolar, primaria y secundaria. También se elevó a rango constitucional la facultad del Ejecutivo Federal para determinar los planes y programas de estudio de la educación básica y normal. Además con la reforma que se realizó en el 2012 se estableció la obligatoriedad de la educación media superior.
El Estado ha quedado obligado a proporcionar la educación que permita desarrollar las facultades del ser humano, fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia.
El sistema educativo ha experimentado un atraso en todos sus niveles, así ha quedado reflejado en las evaluaciones nacionales e internacionales que han demostrado lo mucho que hay que hacer para mejorar la calidad en el aprendizaje de los alumnos. De tal forma que, derivado del Pacto por México, los partidos políticos, el Gobierno de la República y el Poder Legislativo impulsan una reforma que moderniza el Sistema Educativo para contar con niños y jóvenes con mayores oportunidades.
La reforma educativa plantea la necesidad de contar con personal docente calificado, preparado y competitivo. Por tal motivo, se realizó una modificación constitucional a la Fracción III del artículo Tercero, en el que incluye la creación del Servicio Profesional Docente, en la cual se establece que los logros y formación de los maestros, permitirá su pertenencia en el cargo y quienes aspiren a puestos de dirección y supervisión deben tener las cualidades requeridas y debe corresponderse al desempeño y mérito profesional.
La reforma educativa también plantea la creación del Instituto Nacional para la Evaluación, para esto se adiciona la fracción IX al artículo Tercero. La finalidad es que éste Instituto tenga autonomía y capacidad técnica para evaluar al Sistema Educativo Nacional a nivel preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior. Además plantea Autonomía de gestión en las escuelas, pretende un mejor uso de los recursos públicos en beneficio de los planteles, de tal forma que la comunidad podrá decidir cuáles son sus necesidades y en que se debe invertir los recursos. (Leyes Secundarias).
La dirección del instituto estará a cargo de una Junta de Gobierno compuesta por cinco integrantes que durarán en el cargo siete años de forma escalonada con posibilidad de una sola reelección. La elección de los integrantes de la Junta de Gobierno la realizará el Senado de la República, y en sus recesos la Comisión Permanente, a propuesta del presidente de la República quien enviará una terna a los legisladores quienes los citarán a comparecer y posteriormente realizarán la votación. En caso de que el Senado de la República rechace la totalidad de la terna, el Ejecutivo Federal deberá presentar una nueva terna para la elección, si esta segunda terna es rechazada, el presidente podrá nombrar al integrante de la Junta de entre uno de los integrantes de dicha terna. Si el Senado de la República no resuelve dentro de un plazo de treinta días la elección de alguna de las ternas, el presidente tendrá la facultad de nombrar a un integrante de la terna como parte de la Junta de Gobierno del instituto.
La Presidencia de la Junta de Gobierno será nombrada por el voto mayoritario de tres de sus integrantes.